En el ecuador de la Década de Acción de la Seguridad Vial

Editorial publicado en la revista Carreteras – nº 196– Julio/Agosto de 2014

  En el año 2010 nos hacíamos eco de la repercusión del II Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV), que se celebró en Buenos Aires. Reconocíamos entonces que, o bien se producían cambios significativos en las políticas para mejorar la seguridad vial en América Latina o difícilmente podríamos hacer frente al aumento de la accidentalidad que se estaba produciendo en los países de la Región.

 Cuatro años después, el IV CISEV nos lleva a México, en un hito temporal de suma importancia: el ecuador de la Década de Acción para la Seguridad Vial, establecida en 2010 hasta el año 2020.

 La práctica totalidad de los países manifiestan que, si bien se han producido cambios en el ámbito institucional, legislativo, de control, de concienciación, de infraestructuras, etc., aún queda mucho camino por recorrer. Pese a los esfuerzos, las cifras de siniestralidad no bajan en la mayor parte de estos países, salvo algunas excepciones.

 No obstante, hay ejemplos muy positivos, como la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia, el trabajo coordinado que se está haciendo en Paraguay, la actividad de las asociaciones de víctimas, la mejora de la seguridad del vehículo con la iniciativa Latincap, etc.; muchos de ellos son el resultado de la colaboración conjunta entre gobiernos y Bancos de Desarrollo, que están desempeñando un importante papel en la puesta en marcha de programas multidisciplinares de mejora de la seguridad vial.

 ¿Qué está fallando? No se trata de una pregunta de fácil solución. Parte de la respuesta está, sin duda, en el nivel de compromiso de los Gobiernos con la seguridad vial, que puede traducirse en la disponibilidad de recursos, humanos y económicos, para implantar medidas realmente efectivas.

 No basta con elaborar un Plan de Seguridad Vial, sino que es preciso asignar recursos y responsabilidades para garantizar la ejecución de las medidas incluidas en el. No basta con leyes para mejorar el uso del cinturón de seguridad o el casco, sino que se necesitan recursos para garantizar el control del cumplimiento de las normas. No basta con programas educativos de seguridad vial, sino que hay que garantizar recursos para su implantación en zonas urbanas y rurales, con los docentes capacitados para ello. No basta con diseñar manuales de auditorías de seguridad vial, sino que se necesitan recursos para formar profesionales en los países que puedan implantarlas. No basta con pedir a los jóvenes que se conciencien sobre el impacto del alcohol en la conducción, sino que se necesitan recursos para poner en marcha campañas dirigidas específicamente al público objetivo. No basta con pedir a los ciudadanos que adquieran vehículos con mayores estándares de seguridad, sino que se necesitan recursos para motivar esas compras por medio de exenciones fiscales o programas específicos.

 O se produce un cambio radical en el nivel de compromiso y asignación de recursos destinados a la seguridad vial en Latinoamérica o la tendencia no será fácil de cambiar; los accidentes y las víctimas seguirán aumentando, según vaya incrementándose la motorización de los países. Un tributo inasumible al progreso en la Región de América Latina.

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