El debate está sobre la mesa. En los últimos tiempos, no pasa un mes sin que se hable, en la esfera política o en los medios de comunicación, de la necesidad de implantar, o al menos de valorar, un sistema de pago por uso en carreteras. La Unión Europea ya ha articulado los instrumentos legales para conseguir una homogeneización en los Estados Miembros y se ultima la revisión de la Directiva 2006/38/CE. Algunos países han puesto en marcha políticas de este tipo y otros estudian su viabilidad; también en España hay experiencias de inminente aplicación. El pago por uso se perfila como un instrumento imprescindible a fin de garantizar la disponibilidad de recursos para infraestructuras de transporte.
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